En nuestra empresa Risks International  , como es bien sabido nos enfocamos en trabajar para que las empresas tomen decisiones seguras , y para este caso contamos con el mejor servicio a su disposición nuestra Línea Ética, un canal de denuncias el cual no es la excepción , dentro del sinnúmero de servicios que ofrecemos para mitigar estos riesgos que van tanto internamente en nuestras empresas como externamente de ellas.

Y como es bien sabido ninguna empresa y/o organización está exenta de las malas conductas de sus empleados y/o terceros, como lo son proveedores y hasta los mismos clientes , por ellos es importante que nuestras organizaciones estén blindadas y capacitadas para la implantación de una Línea Ética, que cuenta no solo con la mejor infraestructura si no con el mejor personal altamente capacitado para la atención y triage de la informacion en cada uno de nuestros canales, lo cual hace que nuestras organizaciones cubran todos los campos dependiendo de la necesidad de su misma organización.

Con esto es fácil determinar o intuir que los fraudes y casos de corrupción que puedan permear nuestras organizaciones generando grandes riesgos tanto internos como externos , por ello es de vital importancia que los lideres es fundamental tomar conciencia de la importancia de la implementación de una Línea Ética que cumpla con las características y las funciones específicas para su desarrollo y posterior detención , adicional a esto , al contar con un servicio tercer izado y manejado y desarrollado  por nuestra empresa Risks International ,

Ya finalizando toda esta implementación y concientización hace que sus denunciantes tengan mayor confianza al realizar y hablar cuando un riesgo este presente y/o se haya materializado, aumentando tanto la credibilidad, responsabilidad y cumplimiento de cada una de las normas de nuestras organizaciones a cabalidad.

De acuerdo con Report to the Nations 2018 de la Asociación de Examinadores de Fraude (ACFE), indica que 46% de los casos de fraude han sido detectados por denuncias de empleados.

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Por: Michael Quintero

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Este artículo se centra en la importancia de implementar tanto el SAGRILAFT como el PTEE con un enfoque basado en riesgos, proporcionando una visión integral de cómo estas herramientas pueden ayudar a las organizaciones a mitigar amenazas potenciales y a aprovechar las oportunidades. A través de este enfoque, las empresas no sólo pueden cumplir con las regulaciones y evitar sanciones, sino también mejorar su reputación y ganar la confianza de los clientes y socios comerciales.

Diferencia entre el SAGRILAFT y el PTEE:

SAGRILAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) Son las políticas, procedimientos y controles que las empresas implementan para identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de ser utilizadas para el lavado de activos o la financiación del terrorismo. Los componentes principales del SAGRILAFT incluyen la identificación y evaluación de riesgos, la implementación de controles internos, la capacitación continua del personal y la revisión y mejora constante del sistema.

PTEE (Programa de Ética Empresarial y Transparencia) es un marco que promueve la integridad y la transparencia en las operaciones comerciales, se basa en principios éticos y busca prevenir conductas indebidas, como la corrupción y el soborno. Los componentes clave del PTEE pueden incluir un código de conducta, políticas de anticorrupción, programas de capacitación en ética y mecanismos de denuncia.

Estos sistemas, SAGRILAFT y PTEE, funcionan de manera complementaria, mientras que el SAGRILAFT se centra en prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, el PTEE promueve una cultura de ética y transparencia en la empresa.

Importancia del Enfoque Basado en Riesgos:

El Enfoque Basado en Riesgos (EBR) es un componente crucial tanto en el SAGRILAFT como en el PTEE, este enfoque implica que las empresas deben dedicar más recursos y atención a las áreas de mayor riesgo.

Asignación eficiente de recursos: El EBR permite a las empresas identificar y priorizar los riesgos que son más relevantes para sus operaciones, esto significa que pueden asignar sus recursos de manera más eficiente, concentrándose en las áreas de mayor riesgo.

Mitigación efectiva de riesgos: Al tener un entendimiento claro de los riesgos, las empresas pueden implementar medidas de control adecuadas para mitigar estos riesgos. Esto puede incluir la implementación de políticas y procedimientos más rigurosos, la capacitación del personal y la mejora constante del sistema.

En cuanto al PTEE, esto puede implicar la implementación de un código de conducta, políticas de anticorrupción, programas de capacitación en ética y mecanismos de denuncia.

Cumplimiento normativo: Un EBR efectivo ayuda a las empresas a cumplir con las regulaciones y normas pertinentes, evitando sanciones y daños a su reputación. En muchos países, la implementación de sistemas como el SAGRILAFT y el PTEE es un requisito legal para ciertos tipos de empresas. Al adoptar un EBR, las empresas pueden demostrar a los reguladores que están tomando medidas proactivas para cumplir con estas obligaciones.

Confianza de los clientes y socios comerciales: Un EBR efectivo puede aumentar la confianza de los clientes y socios comerciales. Al demostrar que la empresa está comprometida con la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la corrupción, y que promueve una cultura de ética y transparencia, la empresa puede fortalecer su reputación y construir relaciones más fuertes y duraderas con sus clientes y socios comerciales.

Beneficios de la Implementación:

La implementación del SAGRILAFT y el PTEE en las organizaciones trae consigo varios beneficios significativos, veamos algunos;

Prevención de delitos financieros: El lavado de activos y la financiación del terrorismo son delitos graves que pueden tener consecuencias legales y financieras significativas para las empresas, al implementar el SAGRILAFT, las empresas pueden identificar y prevenir estos delitos, protegiendo a la empresa de ser utilizada para actividades ilegales. Esto puede evitar las consecuencias legales y financieras asociadas con estos delitos, lo que puede tener un impacto significativo en la rentabilidad y viabilidad a largo plazo de la empresa.

Mejora de la toma de decisiones: Al tener una comprensión clara de los riesgos y contar con sistemas para gestionarlos, las empresas pueden tomar decisiones más informadas y efectivas. Esto puede llevar a una mejor gestión y a resultados comerciales más positivos.

Mayor competitividad: Las empresas que implementan estos sistemas pueden tener una ventaja competitiva al demostrar su compromiso con la ética y la transparencia, así pueden diferenciarse de sus competidores y atraer a más clientes y socios comerciales.

 Atracción de inversión: Los inversores están cada vez más interesados en las prácticas éticas y transparentes, las empresas que implementan el SAGRILAFT y el PTEE pueden atraer a estos inversores, demostrando que están comprometidas con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Esto puede hacer que la empresa sea más atractiva para los inversores, lo que puede resultar en un mayor acceso a capital y oportunidades de financiación.

Prevención de pérdidas financieras: El lavado de activos y la financiación del terrorismo pueden tener graves consecuencias financieras para las empresas. Estos delitos pueden resultar en multas sustanciales, la pérdida de negocios y daños a la reputación de la empresa.

Regulaciones y Normativas:

El SAGRILAFT y el PTEE están regulados por varias normativas y leyes;

El SAGRILAFT y el PTEE están regulados principalmente por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, en diciembre de 2020 la Superintendencia de Sociedades actualizó la normatividad relacionada con los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo (LA/FT) con un nuevo riesgo relacionado con el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM) – SAGRILAFT – modificando el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica con un enfoque basado en riesgos.

Este capítulo tiene como objetivo principal profundizar el enfoque basado en riesgos tanto en la supervisión de la Superintendencia de Sociedades como en la creación de políticas y matrices por parte de las empresas.

El PTEE, por otro lado, está encaminado a la prevención de los riesgos asociados con los delitos de Corrupción y soborno transnacional (C/ST); y que se encuentra regulado por la Ley 1778 de 2016 y El capítulo XIII de la Circular básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades.

Estrategias de Implementación:

Compromiso de la alta dirección: La implementación efectiva del SAGRILAFT y el PTEE comienza con el compromiso de la alta dirección, los líderes de la empresa deben entender la importancia de estos sistemas y estar dispuestos a dedicar los recursos necesarios para su implementación.

Evaluación de riesgos: Antes de implementar estos sistemas, las empresas deben realizar una evaluación de riesgos para identificar las áreas de mayor riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción. Esta evaluación de riesgos debe ser integral y considerar todos los aspectos de las operaciones de la empresa.

Diseño e implementación de políticas y procedimientos: Basándose en la evaluación de riesgos, las empresas deben diseñar e implementar políticas y procedimientos para gestionar estos riesgos. Estas políticas y procedimientos deben ser claros, comprensibles y aplicables a todas las áreas de la empresa.

Capacitación del personal: Es fundamental que todo el personal de la empresa reciba capacitación sobre el SAGRILAFT y el PTEE. Esto asegura que todos los empleados entiendan estos sistemas y sepan cómo aplicar las políticas y procedimientos en su trabajo diario.

Monitoreo y revisión constante: Una vez implementados, los sistemas SAGRILAFT y PTEE deben ser monitoreados y revisados constantemente1. Esto permite a la empresa identificar y corregir cualquier problema o deficiencia en los sistemas1.

Designación de un Oficial de Cumplimiento: Es recomendable designar a un Oficial de Cumplimiento que sea responsable de supervisar la implementación y el funcionamiento de los sistemas SAGRILAFT y PTEE. Si su empresa no cuenta con Oficial de Cumplimiento, la tercerización de este rol puede ser una solución efectiva.

Risks International ofrece el servicio de tercerización de Oficial de Cumplimiento, proporcionando a las empresas la experiencia y el conocimiento necesarios para gestionar estos sistemas de manera efectiva. Al optar por este servicio, las empresas pueden asegurarse de que están cumpliendo con todas las obligaciones regulatorias sin tener que dedicar recursos internos significativos a esta función.

Implementación de un código de ética: En el caso del PTEE, es recomendable implementar un código de ética que establezca principios y reglas sobre asuntos relacionados con donaciones, regalos, atenciones e invitaciones comerciales, aportes políticos, patrocinios, conflictos de interés, entre otros.

Consulta en listas restrictivas: En cuanto al SAGRILAFT, se recomienda implementar políticas para la consulta en listas restrictivas, la política de manejo de efectivo, los reportes de operaciones sospechosas (ROS), de ausencia de operaciones sospechosas (AROS), y los procesos de debida diligencia.

¿Cómo pueden las empresas asegurarse de que están utilizando estos sistemas de la manera más efectiva posible?

Para asegurarse de que están utilizando los sistemas SAGRILAFT y PTEE de la manera más efectiva posible, las empresas pueden seguir estas prácticas:

Auditoría y revisión regular: Realizar auditorías y revisiones regulares de los sistemas puede ayudar a las empresas a identificar áreas de mejora y asegurarse de que los sistemas están funcionando como se esperaba.

Seguimiento de indicadores clave de rendimiento (KPIs): Las empresas deben establecer KPIs para medir la efectividad de sus sistemas SAGRILAFT y PTEE. Estos KPIs pueden incluir el número de informes de operaciones sospechosas presentados, el número de empleados formados, entre otros.

Formación continua: La formación continua del personal es esencial para asegurarse de que todos en la empresa comprenden los sistemas y saben cómo aplicarlos en su trabajo diario.

Risks International, a través de su servicio de Formación, desempeña un papel crucial en la formación continua del personal. Este servicio es esencial para asegurarse de que todos en la empresa comprenden los sistemas SAGRILAFT y PTEE. Al proporcionar capacitación actualizada y relevante, Risks International ayuda a las empresas a mantenerse al día con las últimas tendencias y regulaciones en la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la corrupción.

Uso de tecnología: Las empresas pueden utilizar la tecnología para mejorar la eficacia de sus sistemas. Por ejemplo, pueden utilizar software de análisis de datos para identificar patrones sospechosos de transacciones.

Consulta con expertos: Las empresas pueden buscar el asesoramiento de expertos en la materia para asegurarse de que están utilizando los sistemas de la manera más efectiva posible.

Si su empresa aún no cuenta con el PTEE, es hora de que lo haga. Risks International ofrece un diagnóstico gratuito para su implementación. ¡Conozca, de forma gratuita, cómo está la implementación de su PTEE y Ley de Transparencia en su empresa!

Impacto de la tecnología:

La tecnología juega un papel crucial en la implementación y gestión eficiente del SAGRILAFT y el PTEE.

Automatización de procesos: Las tecnologías de automatización pueden ayudar a las empresas a gestionar de manera más eficiente sus sistemas SAGRILAFT y PTEE. Por ejemplo, pueden automatizar la recopilación y análisis de datos, lo que puede liberar tiempo para que el personal se concentre en tareas más estratégicas.

Análisis de datos: Las herramientas de análisis de datos pueden ayudar a las empresas a identificar patrones y tendencias que pueden indicar actividades sospechosas. Esto puede permitir a las empresas detectar y prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo de manera más efectiva.

Inteligencia artificial (IA): La IA puede ser utilizada para mejorar la detección de actividades sospechosas y reducir la cantidad de falsos positivos. Por ejemplo, los algoritmos de aprendizaje automático pueden ser entrenados para reconocer patrones de comportamiento que indican lavado de activos o financiación del terrorismo.

Consulta en listas restrictivas: Las tecnologías pueden facilitar la consulta en listas restrictivas, lo cual es un aspecto regulado en el SAGRILAFT. Estas listas contienen información sobre individuos y entidades conocidos por participar en actividades ilegales, y las empresas deben consultarlas regularmente para asegurarse de que no están haciendo negocios con estas partes.

Risks International, a través de su servicio COMPLIANCE, ofrece una solución integral para la consulta en listas restrictivas, un aspecto crucial en la implementación del SAGRILAFT. Al utilizar el servicio COMPLIANCE de Risks International, las empresas pueden automatizar este proceso, lo que no solo mejora la eficiencia, sino que también ayuda a minimizar el riesgo de incumplimiento. 

¡Contáctenos y obtenga más información de nuestros servicios!

Fuentes:

https://www.gmuabogados.com/que-es-sagrilaft-y-ptee-cuando-se-deben-implementar

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.supersociedades.gov.co/documents/80312/342394/Capitulo-X-Circular-Basica-Juridica.pdf/261409fb-e5ac-21e1-eacc-229d2cc69e9e?t=1646797682624

Autor: Luisa Caicedo

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Cada vez es más frecuente ver cómo las empresas, incluso las que no están obligadas por la Superintendencia de Sociedades, están incorporando sistemas de gestión del riesgo de corrupción en sus políticas o reglamentos. Creemos que esto se debe a un entendimiento integral de las normas en la materia, lo que lleva a las empresas a incorporar ambos regímenes en sus políticas.

Sin embargo, en Colombia, el delito de corrupción privada no recibe la atención que requiere, los escándalos de corrupción pública suelen acaparar la atención, desviando la mirada del impacto que la corrupción puede tener en el sector privado. Esto probablemente se deba a la forma en que este delito está conceptualizado y ubicado en el código penal, es decir, se percibe la corrupción privada como un problema puramente patrimonial y no reputacional.

Dada la dinámica actual de los mercados, es necesario replantear esta visión y considerar la corrupción privada como un delito que abarca cualquier riesgo asociado a la corrupción, incluyendo el reputacional.

¿Qué implica el perjuicio reputacional?

En el contexto de la corrupción privada, el perjuicio reputacional se refiere a las consecuencias negativas que una empresa puede enfrentar como resultado de su asociación con actividades corruptas. Estas consecuencias pueden manifestarse de varias maneras;

Primero, puede haber un impacto negativo en el posicionamiento del negocio en el mercado, lo que puede debilitar la competitividad de la empresa, facilitando la entrada de nuevos competidores que pueden aprovechar la situación para ganar cuota de mercado.

En segundo lugar, las empresas pueden enfrentar dificultades para mantener o atraer talento y los empleados actuales pueden optar por abandonar la empresa debido a preocupaciones éticas o miedo a las repercusiones legales.

Y, por último, las empresas pueden encontrar obstáculos para expandir su negocio. Esto puede ser el resultado de la pérdida de confianza por parte de los clientes, socios comerciales o inversores, quienes pueden ser reacios a hacer negocios con una empresa implicada en actividades corruptas.

¿Es necesario que el perjuicio se materialice?

Según la redacción del tipo penal de corrupción privada, no es necesario que la empresa experimente directamente las repercusiones negativas en su negocio a las que nos referimos. En cambio, basta con que sea objetivamente probable que esto ocurra. Con la implementación de la Ley 2195 del 2022, es más probable que estos perjuicios se materialicen.

¿Cuál es el siguiente paso?

La estrategia para mitigar el riesgo reputacional asociado a la corrupción privada debe estar alineada con las políticas del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) de la compañía. Sin embargo, debido a la naturaleza del riesgo, es crucial que esta estrategia esté vinculada a los posibles focos de corrupción dentro de la compañía. Cuando hablamos de mitigar los riesgos, nos estamos refiriendo tanto a la disminución de su probabilidad de ocurrencia como al impacto generado. Por lo tanto, será indispensable para la compañía desarrollar mecanismos que prevengan ambas variables.

¿Y si la empresa no está obligada a implementar PTEE?

Es probable que en un futuro todas las compañías del sector real estén obligadas a implementar sistemas de gestión de riesgos asociados a la corrupción y al soborno transnacional. Por lo tanto, es aconsejable que las empresas no esperen a estar legalmente obligadas para incorporar estos mecanismos en sus prácticas y políticas empresariales. Muchas multinacionales valoran de manera positiva a las empresas que ya cuentan con estas políticas proactivas. Es importante recordar que el régimen de sanciones administrativas establecido por la Ley 2195 de 2022 difiere del régimen de la Superintendencia de Sociedades.

Risks International, en su constante compromiso con la ética y la transparencia, continúa desempeñando una labor crucial en la prevención y mitigación de los riesgos asociados a los delitos de corrupción (LA/FT) y soborno transnacional.

Risks International ofrece un diagnóstico gratuito para la implementación del Programa de Transparencia, Ética Empresarial y cumplimiento de la Ley de Transparencia, reafirmando su compromiso con la integridad y la responsabilidad corporativa.

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Fuentes:

https://www.asuntoslegales.com.co/consultorio/riesgo-reputacional-en-la-corrupcion-privada-los-que-y-como-3798896

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La Denuncia: un camino hacia la justicia

La denuncia ha emergido como una herramienta vital y efectiva en el arsenal corporativo para combatir la corrupción. Su poder radica en su capacidad para exponer cualquier acción irregular que contradiga los códigos de ética y las directrices institucionales de manera oportuna, superando incluso la eficacia de los sistemas internos de alerta. Según diversos estudios, incluyendo uno de PricewaterhouseCoopers en 2014, la mayoría de los casos de violaciones o amenazas a la ética e integridad corporativa se descubren gracias a la información proporcionada por los propios miembros de las organizaciones, siendo los empleados los que más alertas generan.

Además de exponer las irregularidades, la denuncia actúa como un disuasivo potente que inhibe a los actores fraudulentos de cometer delitos, dado que existe una alta probabilidad de ser identificados por su círculo más cercano y, a través de la acción de los denunciantes, quedar expuestos ante sus superiores o autoridades. Considerando que una empresa promedio puede perder hasta el 5% de sus ingresos anuales por incidentes de fraude (UNODC, 2016), y que la denuncia es el mecanismo más eficiente para su detección, es imperativo que las organizaciones intensifiquen sus esfuerzos para implementar canales de denuncia accesibles para todos los miembros de la organización y sus diversos grupos de interés.

Sin embargo, a pesar de los claros beneficios de los canales de denuncia, los esfuerzos se han centrado más en los instrumentos y canales de acceso, que en las personas que pueden proporcionar información sobre fraudes e irregularidades, es decir, los denunciantes. Esto a menudo pasa por alto el papel crucial que desempeñan en el sistema en la lucha activa contra la corrupción. Por lo tanto, se han descuidado aspectos que permiten a los actores presentar sus denuncias con pleno conocimiento de las consecuencias que conllevan y de los mecanismos previstos para garantizar su seguridad.

En este contexto, es absolutamente necesario entender la protección al denunciante como un componente esencial de un mecanismo de denuncia óptimo, donde la confianza es la base del éxito. Esto es especialmente relevante en una cultura donde al denunciante se le asigna una carga valorativa negativa que lo hace aún más susceptible a vulneraciones en su entorno.

Estudios demuestran que las denuncias interpuestas por personas permiten identificar con mayor eficacia hechos de corrupción, por encima de cualquier sistema de alertas internas. PwC, 2014

La protección al denunciante:

La protección al denunciante, un pilar fundamental en la lucha contra la corrupción, se centra en salvaguardar a aquellos que denuncian actos ilícitos. En esta sección, desglosamos (a quién se protege), (de quién se protege) y (de qué se protege).

¿A quién se protege?

La protección al denunciante abarca a cualquier individuo que revele información que evidencie una conducta ilegal o que viole los lineamientos éticos y organizacionales. Esta protección es crucial, ya que la persona que denuncia puede enfrentar riesgos a su integridad laboral, física o emocional debido a posibles amenazas o represalias.

Aunque los empleados son a menudo los denunciantes más comunes, debido a su proximidad al funcionamiento interno de la organización, la protección no se limita a ellos. Los denunciantes pueden ser miembros de la junta, accionistas, clientes, proveedores, entre otros. En resumen, cualquier individuo vinculado a la organización o impactado por sus acciones puede ser un denunciante y requerir protección, aunque esta pueda tener un carácter diferencial.

Es fundamental que todos los denunciantes, independientemente de su vínculo con la organización, estén protegidos bajo los principios de confidencialidad y anonimato. Si estos principios se vulneran y se llega a conocer al denunciante y la información suministrada, el individuo podría ser susceptible de amenazas o represalias. En tal caso, se deberían desencadenar medidas activas de protección. Sin embargo, la implementación de estas medidas tiene un alcance limitado, ya que depende de las posibilidades y recursos de la empresa.

En lugar de elaborar una lista concreta, es importante tener claridad sobre la caracterización general de los tipos de denunciantes que tiene la organización. Salvaguardar la identidad y mantener siempre el anonimato es esencial para disponer de forma eficiente los canales de denuncia necesarios, procurando siempre un acceso sencillo y amplio para todos.

¿De quién se protege?

La protección al denunciante se extiende a cualquier actor, ya sea interno o externo a la organización, que pueda afectar de manera culposa o dolosa la estabilidad laboral, así como la integridad física y emocional del denunciante. Aunque en la mayoría de los casos es fácil identificar al actor que pone en riesgo al denunciante debido a su clara intención de causar daño, a menudo es necesario proteger al denunciante de actuaciones culposas. Estas son acciones de aquellos sujetos que, de manera inadvertida o sin intención manifiesta, pueden vulnerar la integridad del denunciante.

Esto puede incluir a compañeros de trabajo, investigadores o actores que intervienen en el proceso de denuncia y que, por falta de pericia o conocimientos básicos del tema, pueden generar ambientes adversos para el denunciante, filtrar información o indisponer a la comunidad frente al caso, entre otros ejemplos.

A pesar de que las estrategias deben contemplar las situaciones mencionadas, el énfasis y la prioridad deben orientarse hacia las acciones que puedan emprenderse de forma dolosa, es decir, aquellas que tengan la plena intención de impactar laboral, física o emocionalmente al denunciante.

En los ambientes empresariales, el victimario suele formar parte de la organización, mantener un contacto constante con el denunciante e incluso puede llegar a tener una relación asimétrica de poder. Esta última circunstancia magnifica la posibilidad del riesgo y destaca la importancia del anonimato y del profesionalismo del equipo que recibe e investiga la denuncia para manejar la información en estricta confidencialidad, incluso cuando es solicitada por un superior o directivo.

¿De qué se protege?

La protección al denunciante se extiende más allá de la seguridad física y laboral. En el proceso de denuncia, factores culturales pueden complicar la acción de los denunciantes. Como señala Alfredo Behrens (2015), los valores colectivistas en Latinoamérica pueden hacer que la denuncia sea percibida como un acto individualista que rompe los lazos de solidaridad en la empresa. Esto puede generar un daño al ambiente laboral, causando traumatismos a la organización y estigmatización al denunciante (Corporación Transparencia por Colombia, 2020).

En las estructuras organizacionales, valores como la lealtad y confidencialidad pueden malinterpretarse, resultando en una percepción negativa del denunciante, a quien se puede ver como un delator o traidor. Esta perspectiva negativa, junto con otras actuaciones que amenazan la integridad del denunciante, deben ser consideradas en los marcos de protección. Estos marcos están obligados a implementar estrategias necesarias para garantizar la seguridad de los actores.

Esencialmente, se protege al denunciante de cualquier actuación, ya sea culposa o dolosa, que pueda amenazar su estabilidad laboral, así como su integridad física y emocional. Sin embargo, la protección también debe extenderse a la preservación de la reputación del denunciante y a la prevención de la estigmatización dentro de la organización. En resumen, la protección al denunciante es un enfoque integral que abarca múltiples aspectos de la seguridad y el bienestar del individuo.

Riesgos a los que se expone el denunciante:

De forma general los denunciantes suelen estar expuestos a los riesgos y represalias veamos algunos; (DIRECTIVA (UE) 2019/1937)

• Suspensión, despido, destitución.
• Degradación o denegación de ascensos.
• Cambio de puesto de trabajo, cambio de ubicación del lugar de trabajo, reducción salarial o cambio del horario de trabajo.
• Denegación de formación.
• Evaluación o referencias negativas con respecto a sus resultados laborales.
• Imposición de cualquier medida disciplinaria, amonestación u otra sanción, incluidas las sanciones pecuniarias.
• Coacciones, intimidaciones, acoso u ostracismo.
• Discriminación, o trato desfavorable o injusto.
• No renovación o terminación anticipada de un contrato de trabajo temporal
• Anulación de una licencia o permiso.
• Referencias negativas en la proyección profesional.
• Riesgo a la integridad física del denunciante y/o de su círculo cercano.

Legislación y protección al denunciante:

En Colombia, la protección a los denunciantes es un tema de creciente importancia y existen varias leyes y regulaciones que abordan este tema.

Ley 1952 de 2019:

La Ley 1952 de 2019, también conocida como el Código General Disciplinario, es una normativa colombiana que protege a los servidores públicos que denuncian actos de corrupción o cualquier otra irregularidad. Esta ley establece que cualquier acto que atente contra la moralidad pública se considerará una falta disciplinaria.

La ley reconoce la dignidad humana y establece que cualquier persona que intervenga en una actuación disciplinaria será tratada con el respeto debido a la dignidad humana. Además, la ley otorga a la Procuraduría General de la Nación funciones jurisdiccionales para la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, incluyendo a los servidores públicos de elección popular.

Ley 1266 de 2008 y Ley 1581 de 2012:

La Ley 1266 de 2008 y la Ley 1581 de 2012 son dos normativas colombianas que se centran en la protección de datos personales, lo cual es crucial para la protección de la identidad de los denunciantes.

Estas leyes son fundamentales para la protección de la identidad de los denunciantes, ya que garantizan el derecho a la confidencialidad y al anonimato, aspectos esenciales para evitar represalias y garantizar la seguridad de los denunciantes.

Proyecto de Ley “Pedro Pascasio Martinez” No. 08 2019:

Es una iniciativa legislativa en Colombia que busca fortalecer los mecanismos de análisis e incentivos para combatir y prevenir la corrupción. Este proyecto de ley tiene un enfoque preventivo y busca promover la transparencia, establecer medidas para lograr una mayor efectividad y articulación del Estado en la lucha contra la corrupción, con el fin de asegurar una mayor integridad y recuperar la confianza ciudadana.

Uno de los aspectos más relevantes de este proyecto de ley es su enfoque en la protección de los denunciantes de actos de corrupción. Según los comentarios de la Corporación Transparencia por Colombia al proyecto de ley, se considera que las temáticas abordadas por el proyecto de ley son muy relevantes para el contexto actual de lucha contra la corrupción en el país, en particular lo relacionado con la delación y protección de denunciantes de actos de corrupción.

Retos y barreras para los denunciantes: Podrías discutir los desafíos que enfrentan los denunciantes, como el miedo a las represalias o la falta de confianza en que se tomarán medidas.

Cultura corporativa y denuncia:

Una cultura corporativa puede fomentar la denuncia al crear un ambiente de trabajo donde los empleados se sienten seguros, apoyados y capacitados para denunciar comportamientos corruptos. Una cultura corporativa abierta y transparente puede fomentar la denuncia de varias maneras:

Promoviendo la transparencia:

Una empresa transparente es aquella que comparte abiertamente información sobre sus operaciones, políticas y procedimientos. Esto incluye detalles sobre su estructura organizativa, sus objetivos y metas, sus políticas de ética y conducta, y sus resultados financieros. Cuando una empresa es transparente, los empleados tienen una mejor comprensión de cómo se toman las decisiones y de cómo su trabajo contribuye al éxito de la empresa.

Esto puede fomentar un sentido de pertenencia y compromiso, lo que a su vez puede hacer que los empleados se sientan más cómodos para denunciar cualquier comportamiento corrupto que observen.

Fomentando la comunicación abierta:

Un ambiente de trabajo donde se alienta a los empleados a expresar sus preocupaciones y opiniones puede facilitar la denuncia. Esto puede lograrse a través de reuniones regulares de equipo, encuestas de satisfacción del empleado, buzones de sugerencias y canales de comunicación abiertos. Cuando los empleados sienten que pueden hablar abierta y honestamente sin temor a represalias, es más probable que denuncien comportamientos corruptos.

Estableciendo políticas claras:

Las empresas pueden establecer políticas claras sobre la corrupción y la denuncia. Estas políticas deben ser comunicadas a todos los empleados y se debe proporcionar formación sobre cómo denunciar comportamientos corruptos. Las políticas deben ser claras, concisas y fácilmente accesibles para todos los empleados. Además, deben incluir detalles sobre cómo y dónde denunciar comportamientos corruptos, qué sucede después de que se hace una denuncia y cómo se protege a los denunciantes.

Garantizando la confidencialidad y protección:

Los empleados son más propensos a denunciar comportamientos corruptos si saben que su identidad será protegida y que no enfrentarán represalias. Esto puede lograrse a través de políticas de confidencialidad, canales de denuncia anónimos y medidas de protección para los denunciantes. Las empresas también deben tomar medidas para prevenir y sancionar las represalias contra los denunciantes.

Implementando canales de denuncia efectivos:

Las empresas pueden establecer varios canales de denuncia, como líneas directas, buzones de sugerencias y plataformas en línea, para facilitar el proceso de denuncia. Estos canales deben ser fácilmente accesibles, confidenciales y seguros. Además, deben ser monitoreados y gestionados por personal capacitado que pueda manejar las denuncias de manera efectiva y profesional.

LÍNEA ÉTICA, el servicio dedicado a facilitar la denuncia de conductas inapropiadas o ilegales de manera completamente anónima. Este canal de comunicación seguro y confidencial permite a los individuos expresar sus preocupaciones sin temor a represalias, contribuyendo así a un ambiente de trabajo más transparente y ético.

Demostrando la voluntad de actuar:

Si los empleados ven que las denuncias son tomadas en serio y que se toman medidas para abordar los comportamientos corruptos, estarán más dispuestos a denunciar. Esto puede lograrse a través de una respuesta rápida y efectiva a las denuncias, investigaciones exhaustivas y justas, y acciones apropiadas contra los responsables de la corrupción.

La protección al denunciante es un componente esencial en la lucha contra la corrupción. Los denunciantes desempeñan un papel crucial al exponer comportamientos corruptos y actos ilegales, y su protección es fundamental para fomentar un ambiente de transparencia y responsabilidad.

Las empresas tienen un papel importante que desempeñar en la creación de una cultura corporativa que fomente la denuncia y proteja a los denunciantes. Esto incluye la implementación de políticas claras, la promoción de la comunicación abierta, y la garantía de la confidencialidad y la protección de los denunciantes.

Los legisladores también tienen la responsabilidad de establecer un marco legal sólido que proteja a los denunciantes. Esto incluye leyes que garantizan la confidencialidad y el anonimato de los denunciantes, así como medidas que protegen a los denunciantes de las represalias.

Finalmente, cada individuo tiene el poder de marcar la diferencia. Al denunciar comportamientos corruptos y actos ilegales, podemos contribuir a la creación de una sociedad más justa y transparente. Juntos, podemos hacer una diferencia en la lucha contra la corrupción.

En Risks International, nos comprometemos a ofrecer una gama completa de servicios diseñados para ayudar a las empresas a fomentar un ambiente de trabajo de alta calidad y libre de corrupción. Nuestro objetivo es facilitar la creación de un entorno laboral ético y transparente, donde cada empleado pueda desempeñarse al máximo de su potencial. Ofrecemos herramientas y recursos para prevenir, detectar y abordar la corrupción, asegurando que las empresas puedan operar con integridad y responsabilidad.

Creemos firmemente que un ambiente de trabajo libre de corrupción no solo es beneficioso para los empleados, sino que también contribuye al éxito y la sostenibilidad a largo plazo de la empresa.

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Fuentes:

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=34488

Corporación Transparencia por Colombia

Autor: Luisa Caicedo

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El sistema LA/FT en Colombia ha evolucionado a lo largo de los años para adaptarse a las cambiantes dinámicas del crimen organizado y la financiación del terrorismo. Este marco institucional no solo es crucial para la prevención y detección de estos delitos, sino que también juega un papel vital en la protección de la integridad del sistema financiero del país.

A lo largo de este artículo, exploraremos cómo el marco institucional de Colombia ha influido en la efectividad de las medidas de LA/FT, y cómo su continua evolución puede ayudar a Colombia a mantenerse a la vanguardia en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Marco institucional del sistema LA/FT:

El marco institucional del sistema LA/FT (Lavado de Activos/Financiación del Terrorismo) en Colombia es un conjunto de políticas, regulaciones y procedimientos establecidos por las autoridades colombianas para prevenir, detectar y sancionar el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Este marco incluye sistemas como el SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo) y el SAGRILAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo y de la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva), que son implementados por las entidades obligadas para gestionar y mitigar los riesgos asociados con el LA/FT. Además, este marco institucional promueve una cultura de cumplimiento y legalidad, contribuyendo a la integridad y estabilidad del sistema financiero y económico del país.

¿Qué es el sistema LA/FT?

El Sistema LA/FT (Lavado de Activos/Financiación del Terrorismo) es un conjunto de medidas y procedimientos implementados por las entidades financieras y no financieras para prevenir, detectar y reportar actividades sospechosas que podrían estar relacionadas con el lavado de activos o la financiación del terrorismo. Este sistema incluye la identificación y evaluación de riesgos, la implementación de controles internos, la capacitación del personal, y la supervisión y reporte de transacciones y actividades inusuales o sospechosas. 

Objetivo del sistema LA/FT:

Este sistema busca contribuir activamente a la seguridad nacional e internacional, previniendo y mitigando cualquier uso indebido de los sistemas financieros y económicos para fines ilícitos, tales como el lavado de dinero o la financiación del terrorismo. Al hacerlo, el Sistema LA/FT se esfuerza por promover la transparencia, la responsabilidad y la confianza en las instituciones financieras, lo que a su vez fomenta un entorno económico saludable y sostenible.

El objetivo del Sistema LA/FT es proteger la integridad del sistema financiero y contribuir a la seguridad nacional e internacional al prevenir el uso indebido de los sistemas financieros y económicos para fines ilícitos.

Sistemas de prevención LA/FT vigentes en Colombia:  

En Colombia, existen algunos sistemas de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) en diferentes sectores

SARLAFT:

SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo): Este sistema es obligatorio para las entidades financieras y algunas entidades sometidas a inspección y vigilancia. El SARLAFT se instrumenta a través de etapas (Identificación, Medición, Control y Monitoreo) y elementos (Políticas, Procedimientos, Documentación, Estructura organizacional, Órganos de control, Infraestructura tecnológica, Divulgación de información y Capacitación).

SAGRILAFT:

Este sistema es similar al SARLAFT, pero se aplica a empresas no financieras. El SAGRILAFT busca gestionar el riesgo de que una empresa sea utilizada para lavar activos, financiar el terrorismo o financiar la proliferación de armas de destrucción masiva. Este sistema fue actualizado por la Superintendencia de Sociedades de Colombia el 24 de diciembre.

Nuevas políticas y regulaciones:

En respuesta a la segunda recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que establece que los países deben implementar políticas de Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) a nivel nacional, teniendo en cuenta los riesgos identificados, se ha introducido una nueva política.

Esta política tiene como objetivo mejorar la efectividad del Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo, con un enfoque particular en la lucha contra la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva en el país. Aprobada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social el 9 de agosto de 2021, esta política está vigente desde entonces y hasta el año 2026.

Para reforzar el sistema, se plantean cuatro (4) objetivos específicos para trabajar en los durante los próximos 5 años:

• Promover una gestión del conocimiento permanente de los actores del Sistema ALA/CFT.
• Fortalecer el marco normativo ALA/CFT/CFPADM para adaptarlo a estándares internacionales y subsanar falencias existentes en algunos sectores.
• Mejorar la gestión de la información del Sistema para suplir las necesidades y lograr mayores estándares de calidad, seguridad y oportunidad.
• Consolidar procesos de coordinación y cooperación entre los actores que conforman el sistema para optimizar las labores de prevención, detección, investigación, judicialización y persecución de activos.

SAGRILAFT 3.0:

El SAGRILAFT 3.0 fue implementado por la Superintendencia de Sociedades de Colombia y busca que las empresas del sector real superen los estándares de cumplimiento y legalidad. Esta es una actualización de las regulaciones para la prevención de LA/FT/FPADM enfocada a empresas del sector real.

El SAGRILAFT tiene cuatro elementos clave: identificación del riesgo, la medición y evaluación del riesgo, el control del riesgo y el monitoreo del riesgo. Además, de acuerdo con la norma, el SAGRILAFT requiere tres etapas: diseño y aprobación del SAGRILAFT, supervisión y cumplimiento, divulgación y capacitación.

Elementos clave del SAGRILAF:

Identificación del riesgo:

Este es el primer paso en el proceso de SAGRILAF. Implica encontrar, reconocer y describir los riesgos. Esto incluye la identificación de las fuentes de riesgos, sus causas y sus consecuencias. Puede involucrar datos históricos, análisis teóricos, opiniones informadas y expertas, así como las necesidades de las partes involucradas. Este punto se refiere a la detección de posibles amenazas o vulnerabilidades que podrían ser explotadas para el lavado de activos o la financiación del terrorismo.

Las empresas deben clasificar los factores de riesgo de acuerdo con su actividad económica y su materialidad, y establecer las metodologías para identificar el riesgo específico, así como los riesgos asociados.

Medición y evaluación:

Una vez identificados los riesgos, se procede a cuantificar y calificar los mismos para determinar su gravedad y probabilidad de ocurrencia. Esto implica medir la probabilidad de ocurrencia del riesgo identificado. La medición del riesgo puede ser tanto individual como consolidada frente a los factores de riesgo LAFT/FPADM y los riesgos específicos identificados.

Control:

Este elemento del SAGRILAF implica la implementación de medidas para mitigar los riesgos identificados y evaluados. Las empresas deben tener controles para reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Estos controles deben ser diseñados de acuerdo con el perfil de riesgo y las características de la empresa. La norma también exige controles mínimos para impedir la realización de operaciones no ajustadas a la ley.

Monitoreo:

Este es el seguimiento continuo de los riesgos y la efectividad de las medidas de control implementadas. Cada empresa debe realizar un seguimiento o vigilancia de su perfil de riesgo, así como un seguimiento y una vigilancia para la detección de operaciones inusuales y sospechosas.

El objetivo de este elemento no es otro que mantener una labor efectiva de gestión del riesgo.

Etapas del SAGRILAFT:

Diseño y aprobación del SAGRILAFT:

En esta etapa, se desarrolla el marco del SAGRILAFT teniendo en cuenta la materialidad, las características propias de la empresa y su actividad, así como la identificación de los Factores de Riesgo LA/FT/FPADM. Este diseño debe ser aprobado en reunión por la Junta Directiva de la sociedad. Además, se deben establecer las condiciones de tiempo, modo, lugar, relevancia y prioridad con que se van a realizar las medidas de debida diligencia.

Supervisión y cumplimiento:

Esta etapa implica la supervisión continua del SAGRILAFT para garantizar su cumplimiento y eficacia. La Superintendencia de Sociedades tiene la facultad de realizar visitas remotas o presenciales, con o sin previo aviso, a las empresas obligadas. También puede realizar requerimientos de información o incluso tomar información de manera virtual, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la implementación del SAGRILAFT.

Divulgación y capacitación:

En esta etapa, se informa a todos los miembros de la organización sobre el SAGRILAFT y se les proporciona la formación necesaria para su implementación. La empresa debe divulgar el SAGRILAFT mínimo una vez al año dentro de la empresa y con las áreas interesadas, de forma que se asegure su adecuado cumplimiento. Además, la empresa debe capacitar a sus empleados asociados y, en general, a todas las partes interesadas que considere que deban conocer el SAGRILAFT.

Es importante enfatizar que el SAGRILAFT es regulado por la Superintendencia de Sociedades en Colombia. Las empresas que deben implementar el SAGRILAFT son aquellas con ingresos totales o activos iguales o superiores a 40.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv), así como ciertos sectores específicos.

Beneficios de los sistemas de autocontrol y autorregulación:

Los sistemas de autocontrol y autorregulación son fundamentales para el funcionamiento eficiente y ético de una entidad, ya que permiten la gestión interna de los procesos y políticas, minimizando la necesidad de supervisión externa, veamos algunos beneficios:

Generación de valor agregado: Los sistemas de autocontrol y autorregulación permiten a las entidades gestionar sus propios procesos de manera eficiente. Esto puede llevar a una mayor productividad, lo que a su vez puede generar un valor agregado a las actividades que desarrolla la entidad.

Fortalecimiento de las prácticas gerenciales: Estos sistemas promueven la responsabilidad y la transparencia, lo que puede fortalecer las prácticas gerenciales. Además, pueden ayudar a los gerentes a tomar decisiones más informadas y justas.

Mejora de la reputación: Una entidad que se autorregula de manera efectiva puede mejorar su reputación al demostrar su compromiso con la ética y la legalidad. Esto puede aumentar la confianza de los clientes, los inversores y otras partes interesadas.

Fortalecimiento de la cultura de la legalidad: Los sistemas de autocontrol y autorregulación pueden ayudar a fomentar una cultura de la legalidad entre los empleados y colaboradores. Esto puede reducir el riesgo de comportamientos ilegales o no éticos.

Incremento de la productividad: Al permitir a las entidades gestionar y controlar sus propios procesos, estos sistemas pueden llevar a una mayor eficiencia y productividad.

Construcción de una sociedad y mercados responsables y seguros: Al promover la ética y la legalidad, los sistemas de autocontrol y autorregulación pueden contribuir a la construcción de una sociedad y mercados más responsables y seguros.

En Risks International, nos enorgullece ofrecer servicios de alta calidad, cada uno es atendido por un equipo de profesionales con una amplia experiencia y altas calificaciones. Nuestra compañía tiene una presencia sólida a nivel nacional y estamos en constante expansión para alcanzar una proyección internacional. Nuestro compromiso con la excelencia nos impulsa a proporcionar soluciones efectivas y confiables para nuestros clientes.

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Autor: Luisa Caicedo

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Reconocida como uno de los principales productores de software para la gestión de procesos de negocio a nivel mundial, SAP se dedica a desarrollar soluciones innovadoras que optimizan el procesamiento de datos y facilitan el flujo de información entre las organizaciones.

La empresa ha sido acusada de suministrar dinero a funcionarios de Sudáfrica e Indonesia, ya sea en efectivo, a través de contribuciones políticas, transferencias electrónicas o mediante la entrega de bienes de lujo.

La investigación a la multinacional de software se centró en la violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de EE.UU. La resolución del caso fue coordinada conjuntamente por las autoridades estadounidenses, incluyendo el Departamento de Justicia y el regulador bursátil, y las autoridades de Sudáfrica.

Nicole Argentieri, la fiscal general adjunta en funciones de EE.UU., explicó en un comunicado que “SAP pagó sobornos a funcionarios de empresas estatales en Sudáfrica e Indonesia para obtener lucrativos contratos gubernamentales”.

SAP ha afirmado que cooperó plenamente con los investigadores y revisó exhaustivamente sus políticas. En un comunicado adicional, la compañía aseguró que sigue comprometida en mantener los más altos estándares de ética y cumplimiento.

Análisis del caso SAP:

En Sudáfrica, se alega que SAP desembolsó millones en honorarios a consultores, a pesar de que no se prestó ningún servicio. Además, financió viajes a Nueva York para funcionarios del gobierno, que incluyeron salidas de golf.

En Indonesia, la empresa también financió excursiones de compras y cenas, además de realizar pagos más directos. La orden de la Comisión de Bolsa y Valores cita conversaciones de WhatsApp que incluyen las instrucciones: “Setenta millones, en billetes de cincuenta mil… Traiga un sobre vacío”.

Se mencionó que SAP, que fue sancionada por violar las leyes estadounidenses contra el soborno y la corrupción en Panamá en 2016, no había establecido procesos para abordar el alto riesgo de tales problemas. En lugar de ello, registró incorrectamente los sobornos como gastos comerciales legítimos.

El acuerdo alcanzado incluye una multa penal de 118,8 millones de dólares, según el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores, que colaboraron con las autoridades de Sudáfrica en la investigación y anunciaron el acuerdo.

Las sanciones se redujeron del máximo posible después de que SAP cooperará con los investigadores y tomará medidas para sancionar y despedir a los empleados involucrados en los pagos.

“SAP ha aceptado la responsabilidad por las prácticas corruptas que perjudican a las empresas honestas que participan en el comercio global”, declaró la fiscal federal Jessica D. Aber para el Distrito Este de Virginia. “Continuaremos procesando enérgicamente los casos de soborno para proteger a las empresas nacionales que cumplen la ley mientras participan en el mercado internacional”.

Consecuencias para SAP:

Consecuencias legales: SAP fue multada con una suma considerable por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de los Estados Unidos1. La empresa cooperó con los investigadores y tomó medidas para sancionar y despedir a los empleados involucrados en los pagos.

Estados Unidos anunció que retiraría los cargos penales contra la empresa después de tres años si SAP cumple con los términos del acuerdo anunciado.

Consecuencias financieras: La multa impuesta a SAP ha tenido un impacto financiero directo en la empresa. Además, este tipo de escándalos puede afectar la confianza de los inversores y potencialmente impactar el valor de las acciones de la empresa.

Consecuencias reputacionales: Este escándalo ha dañado la reputación de SAP. Los escándalos de corrupción pueden erosionar la confianza de los clientes, socios comerciales y el público en general en la empresa. Aunque SAP ha tomado medidas para abordar el problema, incluyendo la revisión de sus políticas y la cooperación con los investigadores, la recuperación de la reputación puede llevar tiempo.

Es importante destacar que las consecuencias de estos escándalos pueden ser duraderas y tener un impacto significativo en la empresa. Sin embargo, también pueden servir como un llamado a la acción para que las empresas refuercen sus políticas y procedimientos de cumplimiento para prevenir tales incidentes en el futuro.

COMPLIANCE, un servicio ofrecido por Risks International, está diseñado para garantizar el cumplimiento normativo en su compañía. Este servicio es esencial para prevenir riesgos asociados con el lavado de activos, la corrupción y el financiamiento del terrorismo. Al adoptar COMPLIANCE, su empresa puede fortalecer su integridad y transparencia, asegurando operaciones comerciales seguras y éticas.

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Autor: Luisa Caicedo

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La ENR es un mandato de la Recomendación No. 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que permite a los países comprender sus riesgos y tomar medidas efectivas para su mitigación. A través de un Enfoque Basado en Riesgo (EBR), la ENR permite a los países orientar sus esfuerzos hacia las áreas de mayor riesgo. Este enfoque estratégico ayuda a los países a asignar recursos de manera eficiente y a protegerse contra amenazas financieras.

Recomendación No. 1 del GAFI:

la Recomendación No. 1 del GAFI es una guía esencial para los países en su lucha contra el LA/FT/FP. Esta recomendación establece que los países deben:

• Identificar los riesgos: Los países deben identificar los riesgos específicos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación que enfrentan.
• Evaluar los riesgos: Una vez identificados, los países deben evaluar la gravedad de estos riesgos, para proceder con el siguiente paso.
• Entender los riesgos: Los países deben tener una comprensión profunda de estos riesgos para poder desarrollar estrategias efectivas para mitigarlos.
• Tomar medidas y asignar recursos: Los países deben tomar medidas y asignar recursos para asegurar que los riesgos se mitiguen eficazmente.
• Aplicar un Enfoque Basado en Riesgo (EBR): Los países deben aplicar un EBR para asegurar que las medidas para prevenir o mitigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo sean proporcionales a los riesgos identificados

Objetivo de la ENR;

El objetivo de la ENR es identificar, calificar y entender los riesgos de LA/FT/FP, que permita generar planes de acción contenidos una nueva política pública ALA/CFT/CFP, asimismo, desarrollar controles específicos orientados a las profesiones, negocios y sectores más vulnerables, asegurar la asignación de recursos eficientes y priorizar estrategias para la protección de la economía nacional y el bienestar de los colombianos.

Proceso de la Evaluación Nacional del Riesgo:

El proceso de la Evaluación Nacional del Riesgo (ENR) es un ejercicio integral que se realiza en varias etapas:

Recopilación de información:

La recopilación de información es un paso crucial en la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR). En esta fase, se recopila toda la información necesaria de diversas fuentes durante un período determinado. Se utilizan fuentes objetivas y cuantificables, así como componentes de trabajo cualitativos.

Es importante destacar que la información recopilada debe ser lo más completa y precisa posible para garantizar la eficacia del proceso de (ENR). Esto puede implicar la colaboración con una variedad de actores del sistema ALA/CFT, incluyendo instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, y el sector privado.

Además, la recopilación de información no es un proceso que se realiza una sola vez. Debe ser un proceso continuo que se adapte a los cambios en el entorno de riesgo. Esto puede implicar la actualización regular de la información recopilada y la incorporación de nueva información a medida que se disponga de ella.

Análisis de la información:

En esta etapa, se analiza la información cuantitativa y cualitativa recopilada en la fase anterior.

El objetivo del análisis de la información es proporcionar una comprensión clara y precisa de los riesgos de Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) y Financiación de la Proliferación (FP) que enfrenta un país. Esto puede implicar la identificación de las amenazas y vulnerabilidades más significativas, así como la evaluación de la eficacia de las medidas existentes para mitigar estos riesgos. El análisis de la información debe ser un proceso continuo, a medida que se disponga de nueva información, esta debe ser incorporada al análisis para asegurar que la (ENR) refleje la situación actual de los riesgos de LA/FT/FP.

Evaluación de los riesgos:

Aquí se califican los criterios de evaluación en cada una de las variables. Se identifican los riesgos y se evalúa su probabilidad e impacto. Este proceso se lleva a cabo para prevenir, erradicar o mitigar estas amenazas.

Los riesgos se calculan como una combinación de amenazas y vulnerabilidades, las amenazas hacen referencia a la escala y las características de las ganancias de actividades criminales o financiamiento del terrorismo en el país y las vulnerabilidades hacen referencia a las debilidades o brechas de la protección en la jurisdicción contra el LA/FT.

La evaluación de los riesgos no es un proceso estático, este debe ser revisado y actualizado periódicamente para reflejar los cambios en el entorno de riesgo. Esto puede implicar la incorporación de nueva información a medida que se disponga de ella, así como la revisión de las evaluaciones de riesgo existentes para asegurar que sigan siendo precisas y relevantes.

Conclusiones y Elaboración del Plan de Acción:

En esta fase, se establecen las prioridades, estrategias y mecanismos de mitigación del riesgo de LA/FT.

Con base en la evaluación de los riesgos, los países deben aplicar un Enfoque Basado en Riesgo (EBR), a fin de asegurar que las medidas para prevenir o mitigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo sean proporcionales a los riesgos identificados. Este enfoque debe constituir un fundamento esencial para la asignación eficaz de recursos en todo el régimen antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) y la implementación de medidas basadas en riesgo en todas las Recomendaciones del (GAFI).

Socialización sectorizada de los resultados de la ENR:

En esta etapa, se comparten los resultados de la ENR con las partes interesadas. La ENR Digital abarca a un mayor número de participantes que pueden participar en el ejercicio desde cualquier lugar del país. De esta forma, la UIAF descentraliza el análisis del riesgo de LA/FT/FP y genera diagnósticos más completos sobre las dinámicas de este delito.

Es importante destacar que la ENR es un proceso complejo que requiere un alto grado de organización y coordinación debido al número de participantes de los sectores público y privado. Además, es un proceso continuo que debe adaptarse a los cambios en los riesgos de LA/FT.

Enfoque Basado en Riesgo (EBR):

El Enfoque Basado en Riesgos (EBR), es una metodología que se utiliza en la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) para identificar y evaluar los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo a los que las entidades se encuentran expuestas. El EBR permite que las instituciones concentren sus recursos y esfuerzos en las áreas de mayor riesgo.

El GAFI propone cinco principios generales a las autoridades nacionales competentes para asegurarse de que el sistema de prevención tenga un Enfoque Basado en Riesgo (EBR). Los principios son los siguientes:

• Entender y responder a las amenazas y vulnerabilidades: una evaluación del riesgo nacional.
• Un marco legal/regulatorio que soporte la aplicación del EBR.
• Diseñar mecanismos de supervisión que soporten el desarrollo del EBR.
• Identificar los principales actores y asegurar la consistencia.
• Intercambio de información entre los sectores público y privado.

Relación entre las evaluaciones mutuas y la ENR LA, FT y FP

Las evaluaciones mutuas son un mecanismo creado por el GAFI, para determinar los niveles de implementación de las 40 recomendaciones por cada uno de los países. Esta evaluación se lleva a cabo en un organismo evaluador, que está normalmente conformado por un experto jurídico, uno operativo, dos financieros y con el apoyo de dos representantes de la Secretaría Ejecutiva.

Este grupo tiene la responsabilidad de definir el nivel de implementación de cada una de las recomendaciones en el país evaluado, aplicando los procedimientos, criterios y las pautas establecidas en el Manual para Evaluadores de GAFISUD (GAFISUD, 2009).

La evaluación tiene dos momentos: La evaluación ex situ y la evaluación in situ

Evaluación ex situ:

Esta evaluación consiste en una revisión netamente documental llevada a cabo fuera del país evaluado, para tal efecto, el organismo evaluador envía a las autoridades del país un cuestionario con preguntas sobre su sistema de prevención del LA/FT.

En esta evaluación se pregunta por el marco jurídico, e institucional, las políticas públicas, los sectores regulados, la supervisión o el régimen sancionatorio. El país evaluado responde el cuestionario y lo envía junto con la documentación que, en su opinión, mejor soporta las respuestas (GAFI, 2013).

Evaluación in situ:

Por el contrario, esta evaluación requiere que el organismo evaluador se desplace físicamente al país evaluado y, allí, se reúna con la mayor cantidad de actores posibles. Habla con los reguladores, con el supervisor, con la unidad de inteligencia financiera (UIF), con la Fiscalía, con la academia, con los bancos y con empresarios que desarrollan APNFD.

Se puede concluir que la relación entre la ENR y las evaluaciones mutuas es que ambas buscan mejorar la capacidad de un país para prevenir y combatir el LA/FT/FP. La (ENR) ayuda a un país a entender sus riesgos y a establecer prioridades para mitigarlos y las evaluaciones mutuas, por otro lado, proporcionan una evaluación independiente de las medidas de ALA/CFT de un país y ofrecen recomendaciones para mejorar.

Futuro de la ENR:

El futuro de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) probablemente estará marcado por varios factores clave:

• Avances tecnológicos: Con el auge de las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la cadena de bloques, es probable que veamos cambios significativos en la forma en que se lleva a cabo la ENR. Estas tecnologías podrían permitir un análisis de datos más sofisticado y preciso, lo que podría mejorar la capacidad de identificar y evaluar los riesgos de LA/FT/FP.
• Cambios en los métodos de LA/FT/FP: A medida que los delincuentes se vuelven más sofisticados y adoptan nuevas tecnologías, es probable que veamos cambios en los métodos utilizados para el LA/FT/FP. Esto podría requerir que la ENR se adapte y evolucione para mantenerse al día con estas nuevas tácticas.
• Cambios regulatorios y legales: Los cambios en las leyes y regulaciones relacionadas con el LA/FT/FP también podrían tener un impacto en la ENR. Por ejemplo, la introducción de nuevas leyes o regulaciones podría requerir que se realicen nuevas evaluaciones de riesgos o que se modifiquen las existentes.
• Cooperación internacional: Dada la naturaleza global del LA/FT/FP, es probable que veamos un aumento en la cooperación internacional en la ENR. Esto podría implicar un mayor intercambio de información y mejores prácticas entre los países, lo que podría mejorar la eficacia de la ENR.

Risks International cuenta con la mejor tecnología para ayudar a prevenir y mitigar el Lavado de Activos y La financiación del Terrorismo. Con los servicios de Risks, se puede lograr construir un país libre de corrupción, violencia y amenazas a la seguridad y la democracia.

Risks International ofrece soluciones integrales y personalizadas para cada cliente, basadas en el análisis de información pública, fuentes abiertas, listas restrictivas y bases de datos especializadas.

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Autor: Luisa Caicedo

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La validación en listas restrictivas y vinculantes contribuye a reducir los riesgos legales, operativos y reputacionales que podrían derivarse de una mala contratación, así como a mejorar la calidad y productividad del personal.

Importancia de la validación:

La validación en listas restrictivas y vinculantes es de vital importancia en el proceso de selección de personal, con ello las organizaciones pueden protegerse de posibles riesgos, legales, operativos y reputacionales.

Riesgos legales

Contratar a un individuo con antecedentes penales puede exponer a la empresa a riesgos legales. Por ejemplo, si un empleado comete un delito en el lugar de trabajo, la empresa podría ser considerada parcialmente responsable si se descubre que no realizó una verificación de antecedentes adecuada. Además, si el empleado tiene un historial de comportamiento violento o agresivo, la empresa podría enfrentar demandas por negligencia en la contratación si otros empleados resultan heridos.

También es cierto que, en algunas jurisdicciones, las empresas pueden enfrentar sanciones legales si contratan a individuos que están en ciertas listas restrictivas, como las listas de sanciones o las listas de terroristas. Estas sanciones pueden incluir multas significativas, así como daños a la reputación de la empresa.

Riesgos Operativos

Los empleados con antecedentes financieros o disciplinarios problemáticos pueden representar un riesgo para las operaciones de la empresa. Por ejemplo, un empleado con un historial de malversación financiera podría ser un riesgo si se les da acceso a los fondos de la empresa. Este riesgo no se limita sólo a los empleados en roles financieros; cualquier empleado con acceso a recursos de la empresa, ya sean físicos o digitales, puede tener la oportunidad de malversar.

Asimismo, los empleados con antecedentes disciplinarios pueden ser problemáticos. Pueden tener dificultades para seguir las políticas y procedimientos de la empresa, lo que puede llevar a errores operativos. También pueden ser más propensos a conflictos en el lugar de trabajo, lo que puede afectar la moral del equipo y la productividad general.

Riesgos Reputacionales

La reputación de una empresa es uno de sus activos más valiosos y puede verse seriamente afectada si se contrata a un individuo con un historial problemático. Si la información sobre el historial de un empleado se hace pública, puede dañar la imagen de la empresa ante sus clientes, socios y el público en general. Esto puede resultar en una pérdida de confianza y, en última instancia, en una disminución de los ingresos.

Como bien sabemos, en la era de las redes sociales y las revisiones en línea, la información se propaga rápidamente y puede ser difícil de controlar una vez que se ha hecho pública. Un solo incidente puede llevar a una crisis de relaciones públicas que puede ser costosa y consumir mucho tiempo para manejar.

Proceso de validación:

El proceso de validación en listas restrictivas y vinculantes es un procedimiento meticuloso que implica varios pasos, veamos cuáles son;

Recopilación de información del candidato:

El primer paso en el proceso de validación es recopilar la información necesaria del candidato. Esto puede incluir el nombre completo, la fecha de nacimiento, el número de identificación personal, la dirección y otros datos relevantes.

Verificación en listas restrictivas y vinculantes:

La información del candidato se verifica en varias listas restrictivas y vinculantes. Estas listas pueden incluir bases de datos de delincuentes convictos, listas de sanciones financieras, listas de terroristas y otras bases de datos relevantes.

Verificación de antecedentes financieros y disciplinarios:

Además de las listas restrictivas y vinculantes, la información del candidato también se verifica en términos de antecedentes financieros y disciplinarios. Esto puede implicar la verificación de registros de bancarrota, informes de crédito, registros disciplinarios de empleadores anteriores y otros datos relevantes.

Análisis de los resultados:

Una vez que se ha realizado la verificación, los resultados se analizan para determinar si el candidato presenta algún riesgo para la empresa. Si se descubre que el candidato está en una lista restrictiva o vinculante, o si tiene antecedentes financieros o disciplinarios problemáticos, generalmente se le excluye del proceso de contratación.

Documentación:

Todos los pasos del proceso de validación y los resultados se documentan cuidadosamente. Esta documentación puede ser útil para demostrar que la empresa ha realizado la debida diligencia en su proceso de contratación si alguna vez se cuestiona.

Es importante destacar que la validación en listas restrictivas y vinculantes debe realizarse de acuerdo con todas las leyes y regulaciones aplicables, incluidas las leyes de privacidad de datos.

Beneficios de la validación:

La validación en listas restrictivas y vinculantes ofrece varios beneficios significativos, que permiten mejorar la calidad y productividad del personal, así como a la creación de una cultura corporativa de integridad y transparencia;

Mejora de la calidad del personal:

Al asegurarse de que los candidatos no tienen antecedentes problemáticos, la empresa puede contratar a individuos más calificados y confiables. Esto puede resultar en un personal de mayor calidad que esté mejor equipado para realizar sus tareas de manera efectiva.

Aumento de la productividad:

Los empleados que no tienen antecedentes problemáticos pueden ser más propensos a ser productivos y eficientes en su trabajo. Además, al evitar los conflictos y problemas que pueden surgir de contratar a individuos con antecedentes problemáticos, la empresa puede mantener un ambiente de trabajo más armonioso y productivo.

Cultura corporativa de integridad y transparencia:

La validación en listas restrictivas y vinculantes puede ayudar a fomentar una cultura de integridad y transparencia. Al demostrar que la empresa se toma en serio la verificación de antecedentes y se compromete a contratar sólo a los individuos más idóneos y confiables, puede aumentar la confianza y el respeto entre los empleados y la dirección.

Reducción de la rotación de personal:

Al contratar a individuos más idóneos y confiables, la empresa puede reducir la rotación de personal. Esto puede resultar en ahorros significativos en términos de costos de contratación y formación.

Mejora de la reputación de la empresa:

Al demostrar que la empresa se toma en serio la verificación de antecedentes, puede mejorar su reputación entre los clientes, los socios y el público en general.

Desafíos y soluciones:

Implementar la validación en listas restrictivas y vinculantes puede presentar varios desafíos para las empresas;

Acceso a la información:

No todas las empresas tienen acceso a las bases de datos necesarias para realizar una validación completa. Además, las leyes de privacidad pueden limitar el tipo de información que una empresa puede obtener sobre un candidato.

Tiempo:

El proceso de validación puede ser largo, lo que puede retrasar la contratación.

SIVDI un producto de Risks International, ofrece soluciones para optimizar los procesos de selección, proporcionando un equipo capacitado y herramientas de tecnología para la adecuada gestión del recurso humano. Con SIVDI, podrás obtener información confiable en tiempo real, lo que te permitirá reducir los tiempos de contratación.

Falsos positivos:

A veces, una persona puede aparecer en una lista restrictiva o vinculante debido a un error o a una coincidencia de nombres.

Leyes y regulaciones:

Las leyes y regulaciones sobre la verificación de antecedentes varían de un lugar a otro, y las empresas deben asegurarse de cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Compliance es una solución integral que permite a las empresas gestionar sus riesgos de manera eficiente, cumplir con las normativas vigentes y tomar decisiones informadas y seguras.

La validación en listas restrictivas y vinculantes puede ayudar a identificar a estos individuos antes de que sean contratados, permitiendo a la empresa evitar estos riesgos. Al asegurarse de que los nuevos empleados no tienen antecedentes problemáticos, la empresa puede proteger sus operaciones y mantener un ambiente de trabajo seguro y productivo.

Risks International con su efectiva herramienta Compliance, puede consultar listas restrictivas, listas vinculantes, listas sancionatorias y listas PEPs en tiempo record. Cumpla con el SARLAFT, SIPLAFT y las exigencias de entidades que lo requieran.

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Autor: Luisa Caicedo

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En un mundo en constante cambio, la renovación de los cargos públicos es un fenómeno que merece nuestra atención. En primer lugar, este artículo se centra en las recientes posesiones en Alcaldías, Gobernaciones y otros Cargos Públicos, tanto a nivel nacional como regional, que han dado lugar a un nuevo panorama político en varios países de América Latina.

De esta forma, el término Personas Expuestas Políticamente (PEP) se refiere a individuos que ocupan o han ocupado posiciones de importancia pública, y que, por lo tanto, están en una posición que podría ser potencialmente explotada para el lavado de dinero o la financiación del terrorismo. Por esta razón, con cada cambio de guardia, surgen nuevos PEP, y es crucial entender quiénes son, cómo se les clasifica y qué medidas se deben tomar para prevenir y combatir el abuso de poder. A lo largo de este artículo, exploramos las implicaciones de estas nuevas posesiones, el impacto que tienen en nuestras instituciones y la importancia de la vigilancia continua para garantizar la transparencia y la integridad en nuestros sistemas políticos y financieros.

Clasificación de los PEP;

Estar clasificado como un PEP simboliza que se reconoce que una persona puede representar un mayor riesgo para la integridad del sistema financiero debido a su posición de poder y a la posibilidad de que acepte sobornos, se involucre en temas de corrupción, y ofrezca su posición para blanquear capital. Las PEP se clasifican en tres categorías principales;

• PEP nacionales: Son individuos que ocupan o han ocupado cargos públicos importantes a nivel nacional en su país de residencia. Esto puede incluir, pero no se limita a, jefes de estado, altos funcionarios gubernamentales, jueces y militares de alto rango. Debido a su posición, las PEP nacionales pueden tener un acceso sin precedentes a recursos estatales y pueden estar en una posición para tomar decisiones que impacten significativamente en la economía y en la sociedad.
• PEP extranjeras: Son personas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas importantes en un país extranjero. Esto puede incluir individuos que ocupan o han ocupado cargos gubernamentales, judiciales o militares en otro país. Las PEP extranjeras pueden representar un riesgo debido a su potencial para explotar las relaciones internacionales para su beneficio personal o político.
• PEP de organizaciones internacionales: Son individuos que ocupan o han ocupado puestos de alto nivel en compañías internacionales. Esto puede incluir a altos ejecutivos de empresas multinacionales, así como a funcionarios de alto nivel de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Banco Mundial, entre otros. Las PEP de organizaciones internacionales pueden tener acceso a grandes cantidades de recursos y pueden estar en una posición para influir en las políticas y prácticas a nivel global.

Es importante destacar que ser una PEP no implica necesariamente que una persona esté involucrada en actividades corruptas. Sin embargo, debido a su posición de poder y a su acceso a recursos significativos, las PEP pueden representar un riesgo mayor de involucrarse en corrupción, lavado de dinero y otros delitos financieros. Por lo tanto, es crucial que las instituciones financieras y otras entidades realicen un monitoreo y una diligencia debida mejorada para las PEP.

Medidas para prevenir y combatir el abuso de poder por parte de las PEP;

Para prevenir y combatir el abuso de poder por parte de las PEP, se pueden tomar varias medidas;

• Impulsar el liderazgo ciudadano: Fomentar la participación activa de los ciudadanos en el combate a la corrupción y la impunidad puede ser una forma efectiva de controlar el poder de las PEP.
• Fortalecer la integridad: Tanto en los procesos de contratación pública como en el sector privado, mantener altos estándares de integridad puede ayudar a prevenir el abuso de poder.
• Implementar mecanismos de revisión: Estos pueden ayudar a garantizar que las PEP estén cumpliendo con las leyes y regulaciones.

Implicaciones de estas nuevas posesiones:

Las nuevas posesiones en Alcaldías, Gobernaciones y Cargos Públicos pueden tener un impacto significativo en la forma en que se administran estas instituciones. Por ejemplo, la introducción de nuevas posesiones puede llevar a cambios en la forma en que se administran los recursos, lo que puede tener implicaciones para la eficiencia y la equidad.

Estos cambios pueden afectar a una amplia gama de áreas, desde la asignación de recursos hasta la toma de decisiones estratégicas. En términos de eficiencia, las nuevas posesiones pueden permitir una gestión más eficaz de los recursos, lo que puede resultar en una mayor productividad y un mejor rendimiento. En cuanto a equidad, las nuevas posesiones pueden promover una distribución más justa de los recursos, lo que puede contribuir a reducir las desigualdades y promover la justicia social.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos cambios también pueden presentar desafíos. Por ejemplo, la introducción de nuevas posesiones puede requerir una reestructuración significativa de las instituciones existentes, lo que puede ser un proceso complejo y desafiante. Además, estos cambios pueden tener implicaciones significativas para los individuos y las comunidades que dependen de estas instituciones.

Impacto que tienen en las instituciones:

Estos cambios pueden tener un impacto profundo en nuestras instituciones. Por ejemplo, las instituciones educativas están enfrentando nuevas realidades y problemáticas que demandan nuevas respuestas. Además, los sistemas educativos del siglo XXI están experimentando tendencias que apuntan hacia aspectos como la concepción del currículo como concreción de una teoría pedagógica y como un plan en permanente construcción.

El Decreto 830 de 2021 establece una nueva regulación de PEP en Colombia, que incluye nuevos cargos y actividades que deben ser considerados como PEP. Esto implica que las entidades financieras y otras obligadas a reportar deben aplicar medidas especiales de debida diligencia y control a estas personas, lo que puede tener un impacto en sus relaciones con las instituciones. Además, las PEP pueden tener un rol clave en la formulación e implementación de las políticas públicas, especialmente en el ámbito educativo, donde se requiere una gestión eficiente y transparente de los recursos y los proyectos.

Importancia de la vigilancia continua:

La vigilancia continua es esencial para garantizar la transparencia y la integridad en nuestros sistemas políticos y financieros. La transparencia y la rendición de cuentas no son solo pilares imprescindibles de la gestión pública, sino también el cimiento sobre el cual se construye la confianza del público en sus instituciones. Es importante destacar que las decisiones que se tomen por parte del gobierno deben estar al alcance de los ciudadanos de una manera accesible, clara y veraz. Esto no solo favorece a la constante vigilancia de los recursos públicos, sino que también asegura que estos se ejerzan en estricto apego a la ley.

Además, la transparencia y la rendición de cuentas promueven la participación ciudadana activa, permitiendo a los ciudadanos desempeñar un papel más directo en la toma de decisiones y en la supervisión de cómo se utilizan los recursos públicos. Esto, a su vez, puede llevar a una mayor eficiencia en la gestión de los recursos, ya que los ciudadanos pueden identificar y señalar posibles áreas de despilfarro o corrupción.

Un gobierno que es transparente en sus acciones y decisiones es menos probable que enfrente resistencia o descontento público, ya que los ciudadanos tienen una mejor comprensión de las razones detrás de las decisiones tomadas. Del mismo modo, la transparencia en el sistema financiero puede ayudar a prevenir la especulación y el pánico financiero, ya que los inversores y el público en general tienen una visión más clara de la salud financiera de las instituciones.

Responsabilidad de las empresas en la gestión de las PEP:

Las empresas tienen una responsabilidad significativa en la gestión de las Personas Expuestas Políticamente (PEP). Veamos algunas;

Identificación y Monitoreo: Las empresas deben identificar y monitorear a las PEP para evitar verse involucradas en delitos financieros. Esto puede ser un desafío, ya que las PEP pueden incluir individuos que van mucho más allá de las autoridades y los políticos fácilmente reconocibles.

Gestión de Riesgos: La interacción con las PEP puede representar un riesgo para las empresas debido a las funciones públicas y al nivel de influencia que las PEP podrían ejercer. Por lo tanto, las empresas deben implementar políticas y procedimientos adecuados para gestionar estos riesgos.

Prevención de Riesgos: Las empresas que operan en regiones donde la corrupción es endémica deben reforzar sus programas de prevención de riesgos. Esto incluye la identificación y el monitoreo de las PEP, así como la implementación de medidas para combatir los delitos financieros.

Debida Diligencia Intensificada: Las empresas, al interactuar con una PEP, deben llevar a cabo procesos de debida diligencia intensificada. Esto implica un conocimiento profundo de la contraparte para determinar si existe algún riesgo de lavado de activos o de financiación del terrorismo que pueda afectar la reputación y la situación legal de la compañía. Compliance es un servicio de Risks International, este cuenta con listas PEP la cual contiene todas las personas con identificación y los cargos relacionados a este decreto.

En Risks International brindamos soluciones que ayudan a tomar decisiones seguras y ofrecemos servicios de alta calidad por parte de profesionales con experiencia. ¡Si desea consultar en Compliance y validar las Listas PEP puede solicitar sin compromiso un DEMO!

Fuentes:

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Esta misión se lleva a cabo en paralelo a otras campañas como la ‘Campaña Aquiles’, creada para perseguir y desmantelar el Clan del Golfo, Los Caparros, y otros grupos al margen de la ley que tienen sometida a la población bajo el terror, y la ‘Campaña Atlas’, creada con el fin de cerrar los corredores de salida de mercancía estupefaciente desde las costas del Pacífico del territorio nacional, con destino a Estados Unidos y países centroamericanos.

La estrategia ‘Argenta’ incluye actividades investigativas con fines de extinción de dominio, acciones focalizadas para revelar operaciones de lavado de activos y poner en evidencia las maniobras utilizadas por la ilegalidad para ocultar los dineros producto de su actuar.

Impacto en la sociedad:

En el marco de esta estrategia, se han realizado varias acciones significativas, que demuestran su eficacia en la lucha contra el crimen organizado. Veamos algunas;

• Se impusieron medidas de extinción de dominio para 20 bienes avaluados en más de 2.500 millones de pesos, que pertenecían a una estructura ilegal responsable del crimen de 8 personas.
• Destrucción de laboratorio: Gracias a labores investigativas realizadas por la Fiscalía se logró la destrucción de un laboratorio capaz de procesar más de cuatro toneladas de estupefacientes al mes de la organización criminal denominada Los Contadores en Nariño. En el lugar se incautaron más de una tonelada de clorhidrato de cocaína, insumos sólidos y líquidos como gasolina, 1.135 galones de ácido clorhídrico y ácido sulfúrico, entre otros.
• Se han realizado 134 entregas formales a los países requirentes en los últimos 12 meses en relación con la extradición de personas vinculadas a cárteles de la droga.

Cooperación internacional:

La cooperación interinstitucional es un proceso vital que facilita el intercambio de información a nivel internacional entre autoridades equivalentes de diferentes países. Un ejemplo destacado de esta práctica es la comunicación entre las fuerzas policiales a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (OIPC-INTERPOL). Este intercambio de mensajes permite una colaboración efectiva y una respuesta rápida a los desafíos de seguridad global. Además, en respuesta a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se ha fortalecido el intercambio de información entre las Unidades de Investigación Financiera de varios Estados.

Este esfuerzo conjunto ha permitido una mayor transparencia y eficacia en la lucha contra el lavado de dinero y otras formas de delincuencia financiera.

¿Cómo ha sido esta cooperación?

La cooperación estratégica entre Argentina y otros estados se realiza mediante un enfoque integrado que involucra comunicaciones directas entre diversas instituciones gubernamentales. Estas incluyen las fuerzas de seguridad, el servicio aduanero, las agencias impositivas, las entidades del sistema financiero y los Ministerios Públicos y/o Fiscalías Generales. Este intercambio interinstitucional no solo fortalece la cooperación bilateral, sino que también facilita la realización de investigaciones criminales de manera eficiente.

En el contexto de las investigaciones criminales, este intercambio de información y documentación permite una respuesta rápida y efectiva a las amenazas emergentes. Además, la cooperación estratégica promueve la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto por el estado de derecho, elementos esenciales para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la promoción de la seguridad regional. En resumen, esta cooperación ha demostrado ser un componente vital en la lucha contra el crimen y el fortalecimiento de la seguridad en la región.

Impacto de la cooperación:

La cooperación internacional ha jugado un papel crucial en la agilización y adaptación de los procedimientos de cooperación jurídica internacional. Esta colaboración ha permitido que las investigaciones locales obtengan pruebas esenciales que se encuentran en otros Estados, facilitando así el juzgamiento de todos los involucrados.

Este impacto no solo se limita a la eficiencia del proceso judicial, sino que también promueve la justicia y la equidad, asegurando que ningún delito quede impune, independientemente de las fronteras. Además, esta cooperación ha fortalecido las relaciones entre los Estados, fomentando un ambiente de confianza y respeto mutuo. En resumen, la cooperación internacional ha demostrado ser una herramienta invaluable en la lucha contra el crimen a nivel global.

Planes futuros:

Los próximos pasos para la Fiscalía General de la Nación en su lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico podrían estar relacionados con el Plan Federal de abordaje del Crimen Organizado 2021-2023, que fue presentado por el Ministerio de Seguridad de Argentina. Este plan propone 10 ejes de acción para prevenir, identificar, neutralizar y desarticular los delitos graves llevados adelante por organizaciones criminales, como el narcotráfico, el ciberdelito, el contrabando, el lavado de activos, la trata de personas y el tráfico de armas. El plan también busca actuar con enfoque multidimensional, de la mano de todas las autoridades del orden nacional y territorial.

Además, la Fiscalía General de la Nación podría coordinar sus acciones con la Estrategia de Intervención Integral contra el Narcotráfico (EICON), que es una política del gobierno colombiano para reducir las áreas afectadas con cultivos ilícitos, afectar núcleos de producción, tráfico de drogas y sustancias químicas, atacar los nuevos actores dinamizadores del problema y sus rentas criminales, y orientar la prevención integral en comunidades y territorios afectados por el Sistema de Drogas Ilícitas (SDI).

Risks International, consciente de la gravedad de estas actividades ilícitas y está dispuesto a colaborar activamente con las entidades que luchan por erradicar el lavado de activos y cualquier otra actividad ilícita que se presente en nuestro territorio. 

Con los servicios de Risks International, tanto su empresa como usted, pueden beneficiarse de una amplia gama de soluciones de seguridad y gestión de riesgos. Nuestro equipo de expertos está dedicado a proporcionar asesoramiento estratégico y apoyo operativo para ayudar a mitigar los riesgos asociados con las actividades ilícitas. 

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Fuentes:

Así operará Argenta, estrategia para atacar financiación de redes criminales (elcolombiano.com)

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